Hoy, se ha celebrado la primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima Canal de Isabel II (CYII-SA) tras la operación Lezo, que ha supuesto la imputación y detención de altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la propia entidad,
incluidos sus últimos presidentes (Ignacio González y Salvador Victoria) y directores gerentes (Ildefonso de Miguel y Adrián Martín). Algunos ayuntamientos presentes en la junta van a plantar cara a la crisis que hoy atraviesa la empresa, y han exigido que el tema de la corrupción se incluyera en el orden del día con objeto de que el presidente del Canal explique las medidas adoptadas y sus resultados.
La sociedad civil, a propuesta de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII), se ha manifestado para exigir responsabilidades y reclamar, una vez más, la disolución de la sociedad anónima y la vuelta a un modelo de gestión pública. La plataforma, de la que forma parte la FRAVM, ha remitido una carta a los consistorios accionistas en la que, además de pedirles que aborden en la junta las distintas tramas de corrupción en las que está inmerso el Canal, presenten las siguientes propuestas:
- Llevar a cabo una auditoría del Grupo Canal.
- Adoptar, de inmediato, medidas que avancen en la transparencia, la rendición de cuentas y en la participación ciudadana en la gestión del Canal.
- Paralizar definitivamente la privatización del Canal, disolver la sociedad anónima y establecer un nuevo modelo de gestión.
- Iniciar un proceso planificado y transparente de las sociedades participadas por el Canal fuera de la Comunidad de Madrid, respetando los derechos de los ciudadanos servidos en dichos territorios.
La junta de accionistas se realiza en un contexto político atravesado por la batalla que actualmente se da en la Asamblea de Madrid por la paralización definitiva de la privatización del Canal y por el establecimiento de un nuevo modelo de gestión que regenere la actividad del CYII y sirva de freno a la corrupción. Podemos y PSOE han presentado un proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un modelo de gestión pública, transparente, democrático y participativo en el CYII que, alentado por la PCPCYII, prevé la derogación del artículo 16 de la Ley 3/2008 que posibilita la privatización del Canal, la disolución de la sociedad anónima, la creación del Observatorio del Agua como instrumento de participación y control de la sociedad civil y la revisión de los convenios suscritos al amparo de la Ley 3/2008, para adecuarlos al nuevo modelo de gestión.
“La situación en el Canal de Isabel II es insostenible y el problema es que el Gobierno de Cifuentes no lo reconoce y está escondido como las avestruces, con la cabeza en un agujero, pero es imprescindible tomar medidas de transparencia y democratización de las estructuras de la empresa” ha declarado Alejandro Sánchez, coportavoz de EQUO Madrid y diputado en la Asamblea en el PD de Podemos.
“El Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid seguirá luchando con la Plataforma por un modelo de gestión del agua en Madrid que no trate a la ciudadanía como una mera clientela. El acceso al agua potable es un derecho que la Comunidad tiene que garantizar, libre de corrupción, y por ello vamos a seguir defendiendo un modelo no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente y con participación de la ciudadanía y de los trabajadores”.
Ciudadanos, con el apoyo del PP, ha presentado otro proyecto de ley que, manteniendo la propiedad pública del CYII, conserva la sociedad anónima y el modelo de gestión, opaco y antidemocrático, actual.