Equo Madrid ha registrado una petición para solicitar la creación de una Ley de regulación del derecho a la educación social, una profesión que cubre necesidades y demandas de la ciudadanía y genera cambios sociales a través de la educación.
La coportavoz Clotilde Cuéllar ha mantenido una reunión con Sergio Fernández y Teresa Volpe, vicepresidente y vocal del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid (CPEESM), para apoyar sus reivindicaciones en favor de esta Ley.
Los profesionales afirman que, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, es necesaria una Ley donde quede regulada su profesión. Entre otros objetivos, con esta Ley se pretende evitar la precariedad laboral en los distintos ámbitos: infancia, servicios sociales, mayores, cultura, educación reglada y no reglada, sanidad, discapacidad, prisiones, mujeres, inmigrantes…
En su opinión, «la educación social es un tema muy serio que necesita control y supervisión para que se den servicios de calidad», por lo que es necesario evitar el intrusismo, que dificulta su trabajo y desvirtúa su función socioeducativa. En este sentido, señalan que «una profesión regulada es garantía de profesionalidad, en este caso, en el acompañamiento, trato y atención a las personas».
Una educación adaptada a cada contexto
Para el CPEESM, esta Ley permitirá dar a conocer la educación social como una profesión transformadora de contextos y de personas. «Porque las posibilidades para acreditar nuestros ámbitos de trabajo deben ser diversas, de manera que permitan activar los mecanismos que regulen cada uno de los servicios que ofrecemos en cada contexto socioeducativo en que trabajamos».
Clotilde Cuéllar considera que «la labor de las educadoras y educadores sociales es fundamental para lograr una sociedad inclusiva y cohesionada» y ha señalado que «además de Equo Madrid instaremos a otros territorios a apoyar esta iniciativa y presentaremos mociones de apoyo a la misma en los municipios donde tenemos representación».
Esta acción se inició el 27 de diciembre de 2016 con la presentación, ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Congreso de los Diputados, de un escrito solicitando una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social, argumentando su necesidad