Rechazo a la privatización del Hospital Infanta Sofia

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la pasada semana el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el 2013. El mismo contenía algunas medidas en materia de sanidad entre las que destacan el “Euro por Receta” o la privatización total de los 6 hospitales del modelo “concesión de obra pública” como el de San Sebastián de los Reyes, situado en el norte de la comunidad.

EQUO lleva varios meses denunciando las medidas que tanto el Gobierno Rajoy como el de la Comunidad de Madrid, primero con Esperanza Aguirre y ahora con Ignacio González, ambos del PP, están llevando a cabo en la sanidad pública, que para el PP parece que sólo representa una oportunidad de recortar y hacer negocio. Además, loa populares desmantelan el Hospital de “La Princesa” para transformarlo en un hospital para personas mayores, un hospital con reconocido prestigio a nivel de investigación, o convierten al Hospital “Carlos III” en un hospital de media y larga estancia desvirtuando su actual funcionamiento. Externalizan, y por tanto privatizan, los servicios no sanitarios de todos los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid, e incluso establecen la posibilidad de traspasar la gestión de hasta un 10% de los centros de salud a posibles sociedades privadas de profesionales sanitarios para su gestión.

En el caso del Hospital del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, que presta servicio a numerosos pueblos de la sierra madrileña, el PP extiende el llamado “modelo Valdemoro”, un hospital privatizado al 100%, al “Infanta Sofía”. Y lo hacen bajo la insostenible afirmación de que estos hospitales son menos eficientes y más caros en su funcionamiento que los de Valdemoro, Torrejón y Móstoles II, que están privatizados en su totalidad.

Estas medidas suponen una destrucción masiva de la sanidad pública, y no aportan más que posibilidad de negocio para algunos a costa de uno de los pilares básicos del estado del bienestar de todos y todas. Ahora el Hospital del norte de Madrid pasará a tener personal medico y de enfermería absolutamente privado, cuya empresa buscará, como es lógico, su beneficio frente al de sus pacientes. Nos desprenderemos de un magnifico personal, para tener otro que tendrá contratos en precario, mal remunerados, con menos recursos aún y con un mayor nivel de exigencia para obtener más beneficio económico y menos beneficio social.

EQUO Madrid denuncia que este paso obedece a una maniobra para beneficiar a la sanidad privada y a sus lobbies de presión. Se recuerda que, en 2008, ya el entonces Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, realizó una jornada, en Madrid, sobre las infraestructuras sanitarias de la región, titulada ‘Oportunidades de Negocio’, y en la que se dirigió a una selección de empresarios del sector de la sanidad.

Así, para Inés Sabanés, portavoz de EQUO Madrid, el gobierno regional “pretende dinamitar la Sanidad Pública, poniendo en riesgo la equidad y el acceso universal a la misma”. La portavoz denuncia, además, una trama de intereses y privilegios, para beneficiar a las empresas del sector, a costa de los usuarios y trabajadores de la Sanidad Pública. Todo ello, bajo una total opacidad y falta de transparencia: Lamela, además de dirigente de ‘Madrid  Medical Destination’, preside la ‘Fundación Lafer’,  constituida en enero de 2009. Entre los miembros del Consejo Asesor de la fundación, se encuentra Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña; Eduardo Zaplana, ex-Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; Josep Piqué, presidente de Vueling y ex-Ministro de Aznar; o José Manuel Romay, ex-Ministro de Sanidad y actual presidente del Consejo de Estado.

Por todo ello, EQUO se dirigirá al Gobierno, para que aclare la información, compatibilidad y relación de dirigentes relevantes del PP con los negocios de la sanidad privada. ‘Capio Sanidad’ factura 500 millones al año, y ‘Ribera Salud’ casi 400 millones, en 2011. Estas dos corporaciones gestionan ya hospitales en Madrid.

EQUO Madrid augura que el objetivo es que el 10% de los Centros de Salud de la región pasen a la gestión privada, en una fórmula que, si bien se había tratado de valorar, nunca se había concretado. Según Sabanés, los procesos de privatización  que se están llevando a cabo podrían vulnerar la ley del 97, por lo que “no excluimos  denunciar el proceso, así como las condiciones en las que se está desarrollando y que suponen un Golpe de Estado a la Sanidad Pública madrileña”, concluyó.