
Como todos sabemos, el ejecutivo de Esperanza Aguirre se niega obstinadamente a cumplir estas sentencias alegando, por una parte que las sentencias ya estaban cumplidas gracias a los acuerdos alcanzados con la Comisión Europea, en 2008, relativos a una supuesta evaluación ambiental a posteriori. Por otra parte sigue amparándose en el interés público del desdoblamiento basándose en la siniestralidad de la carretera.
Sin embargo, el Tribunal Europeo va desmontando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid como se puede comprobar tras la lectura de la sentencia completa. Acredita la existencia de un grave daño a habitats y especies, fragmentación del territorio, considera que la evaluación ambiental a posteriorri no minimiza las afecciones ya que debería haberse realizado con anterioridad a la ejecución de las obras. En cuanto a la declaración de interés público de primer orden, afirma que tal declaración se hizo sin realizar la correspondiente evaluación ambiental y por tanto sin valorar la existencia de alternativas para resolver los problemas de siniestralidad.
La sentencia llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en febrero de 2008, declarase nulos los acuerdos por los cuales se aprobó el desdoblamiento y se declaró de interés público de primer orden e, instase a la restauración de los terrenos afectados. Posteriormente, en febrero de 2011, esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo y ordenada su ejecución forzosa. Desde eQuo Madrid Sierra Norte valoramos de forma muy positiva esta sentencia y aunque llegue tarde aparece en un momento crucial, cuando se está resolviendo la ejecución forzosa de la sentencia inicial del TSJM. Se da la circunstancia de que la principal razón argumentada por la Comunidad de Madrid para no restituir los terrenos a su estado original es, precisamente, el acuerdo alcanzado ante la Comisión Europea, argumento que ha quedado sin validez con esta sentencia.
El gobierno autonómico presidido por Esperanza Aguirre ha obrado de mala fe, ha actuado con soberbia y prepotencia, pisoteando las leyes de protección medioambiental y despreciando el derecho a través de su política de hechos consumados. Por todo ello, y para disuadir de conductas similares a otras autoridades públicas, la sentencia debería de tener además consecuencias penales: Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal y Francisco Granados deberían ser encausados por prevaricación e inhabilitados por un tiempo para el ejercicio de cargo público. Debe acabarse con una forma chulesca de hacer política que, bajo discursos populistas, oculta intereses inconfesables. De no ser así, la certeza de la impunidad hará que se acometan obras como ésta. Para no ir más lejos, en esta misma vía están previstos nuevos desdoblamientos, hoy en fase de estudio: M-501 hasta el fin de la provincia de Madrid y CL-501 desde Santa María del Tiétar hasta Piedralaves, ya en el corazón del Valle del Tiétar (Ávila).