EQUO Madrid ha exigido a la Comunidad y a su presidente interino, Ignacio González, que aclare cuanto antes cuál ha sido su papel en el fraude de los cursos de formación.
Para el partido político es imprescindible que se conozca toda la información acerca de las subvenciones que se concedieron a la empresa de José Luis Aneri, Sinergia Empresarial, entre 2011 y 2012.
Junto a Aneri, han trabajado Alfonso Tezanos y Víctor Porta, ambos con cargos de importancia en la Cámara de Comercio que preside Arturo Fernández.
Para Tezanos y Porta la fiscalía del caso pide prisión, y les acusa de haber cometido presuntamente delitos de fraude de la administración pública, estafa, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Nuevas informaciones vinculan a la Consejería de Empleo, con el fraude de los cursos de formación, al abrir esta de manera irregular una plataforma informática para que se justificarán las subvenciones fuera de los plazos establecidos. Estas informaciones hacen sospechar que la Comunidad de Madrid, con Ignacio González a la cabeza, pudo ser conscientes de la estafa que se estaba cometiendo y que ahora intentan tapar por todos los medios. Además, EQUO Madrid ha recordado que en ese periodo, de junio de 2011 a septiembre de 2012, la Consejería de Educación y Empleo estaba dirigida por Lucía Figar que actualmente es Consejera de Educación, Juventud y Deporte.
Para Inés Sabanés, coportavoz de EQUO Madrid: “esto crea muchas dudas sobre el Gobierno del Partido Popular. Es imprescindible que den explicaciones con papeles, luz y taquígrafos ya que por acción o por omisión pueden tener responsabilidades. De lo contrario se podría entender como interés en acallar o encubrir , lo que ha todas luces ha sido una estafa continuada»
Para la formación política es inaceptable que la Comunidad ni siquiera haya presentado una denuncia contra estos cursos fraudulentos, que nunca llegaron a celebrarse, pero que fueron financiados con el dinero de todos los madrileños.
Por todo ello, desde EQUO Madrid se insta a la Consejería de Empleo ha realizar una investigación, interna y externa, para aclarar cuanto antes cuál ha sido el papel de la Comunidad de Madrid en este caso, y despejar las sospechas de corrupción que se ciernen sobre ella.