EQUO Madrid confía en que se mantenga la suspensión de la privatización de seis hospitales, máxime cuando AFEM ha planteado un incidente de nulidad sobre la decisión tomada por el juez Francisco Gerardo Martínez Tristán de unificar en su sala todos los recursos contra la privatización de la sanidad madrileña, tres días antes de abandonar su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Este partido político critica que este mismo juez fuera nombrado tres días después vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un acuerdo político. Tomó la decisión antes de que su nuevo nombramiento le inhabilitara para ello y lo notificó posteriormente a su nombramiento.
EQUO Madrid considera que la gestión de la sanidad está bajo sospecha, los siete procesos judiciales abiertos en juzgados de Madrid, el recurso ante el Tribunal Constitucional y los informes de la Cámara de Cuentas de Madrid están destapando innumerables errores de gestión, abusos en la derivación de servicios a empresas y dudas en la transparencia de los contratistas. Las actuaciones de la justicia no pueden suponer un elemento más para sospecha ante este escandaloso entramado de intereses y puertas giratorias.
Por todo ello, EQUO Madrid no entendería otra decisión que no fuera la suspensión cautelar del proceso administrativo hasta que todas las cuestiones se investiguen, y queden resueltas las irregularidades.
Inés Sabanés, coportavoz de la formación política en Madrid, recuerda que “los procesos de privatización de la sanidad madrileña, están salpicados por la imputación de los ex consejeros de sanidad del PP Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como la actual viceconsejera, Patricia Flores, y el director de Atención Especializada, Antonio Burgueño”
EQUO Madrid apoya las movilizaciones ciudadanas convocadas por las plataformas en defensa de la sanidad y entiende que la sanidad pública de calidad es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, rechazamos que se intente convertir en un negocio y para ello reclamamos que se haga una Auditoría Sanitaria que determine los fallos de gestión, como el derroche de 375.696 euros que se ha producido al cambiar de nombre tres de los nuevos hospitales.