Equo acusa al Gobierno del PP de Cristina Cifuentes de mirar a otro lado en materia ambiental tras la imputación del alcalde de Majadahonda por incumplir la Ley del Suelo y la de Vertidos durante siete años. Los jueces investigan a Narciso de Foxá, por presuntos delitos urbanísticos y medioambientales
Equo acusa a la Comunidad de mirar hacia otro lado en materia de protección ambiental, tras la imputación del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), por incumplir la Ley del Suelo y la Ley de Vertidos durante siete años, pese a lo cual nunca ha sido sancionado.
Los jueces investigan al regidor popular por un presunto delito urbanístico, por parte del Ayuntamiento de Majadahonda. En 2016, los inspectores de la Comunidad de Madrid detectaron que el Hospital Puerta de Hierro no tenía ni licencia de primera ocupación, ni licencia de apertura de actividad calificada. Este centro permaneció en ese limbo ilegal desde septiembre de 2008 hasta abril de 2015, según la cadena SER.
Graves delitos medioambientales
Narciso de Foxá es investigado también por varios delitos medioambientales, ya que, hasta noviembre de 2016, el centro vertió aguas residuales de forma ilegal al sistema de saneamiento y nunca analizó las muestras de aguas residuales, como exige la declaración de impacto ambiental.
Pero, además, el hospital incumple la normativa de ruido, ya que en las habitaciones se superan los niveles permitidos y en la azotea se han llegado a alcanzar los 69 decibelios, siendo 40 el límite.
Por si esto no fuera suficiente, el Hospital Puerta de Hierro tampoco pasó la inspección reglamentaria de los focos de contaminación atmosférica. Por esta infracción, fue multado con 20.001 euros por el Área de Disciplina Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Equo Madrid considera que esto es una prueba más de las irregularidades que han acompañado el proceso de privatización de la sanidad madrileña y que viene denunciando desde 2013. Por ello exige responsabilidades a las autoridades ambientales, encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y acusa al Gobierno regional del PP de anteponer los intereses partidistas al interés general.
La formación verde denuncia que el incumplimiento impune de la ley, en este caso, es otro ejemplo del desprecio del Gobierno de Cristina Cifuentes por la protección ambiental, pese a las graves consecuencias que ello supone para la salud de las personas y el entorno. En su opinión, este desinterés quedó de manifiesto en la aprobación de los presupuestos de 2018, ya que el de la Consejería de Medio Ambiente supone sólo un 1,3% del total.