Ayer viernes 2 de marzo se llevó a cabo la charla-taller organizada por EQUO Madrid Ciudad Este en el local de «Las Beceas», durante la cual contamos con la presencia y colaboración de Pilar Esquinas, miembro de la Comisión Legal de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y activista con una larga trayectoria en movimientos sociales.
Este acto tenía por objeto, por un lado, profundizar en los detalles del proceso de privatización del Canal de Isabel II, y por otro, ultimar los preparativos de la consulta social convocada para la jornada del domingo 4 de marzo por la citada Plataforma y las asambleas del 15M.
Pilar nos estuvo explicando el origen del proceso que desde el gobierno regional de Madrid se pretende culminar con la venta del 49% del Canal de Isabel II, así como diferentes aspectos de dicho proceso. Así, debemos remontarnos a 2003, año en que la Unión Europea promulgó la Directiva Marco del Agua, para la protección y gestión del agua. En base a dicha Directiva, la Comunidad de Madrid inicia el proceso de privatización del Canal de Isabel II en el año 2008.
No debemos olvidar que el agua es un bien público, el acceso al agua es un derecho básico para las personas. No pagamos nada por el agua, ésta es gratuita. Lo que pagamos es el servicio de abastecimiento, es decir, pagamos para que el agua llegue a nuestros domicilios.
La empresa que presta ese servicio público en la Comunidad de Madrid es el Canal de Isabel II, que realiza la gestión integral del agua, es decir, el ciclo completo, compuesto por el abastecimiento, el saneamiento y el alcantarillado.
En la actualidad el Canal de Isabel II es un conglomerado de empresas 100% público que produce beneficios. Una gestión adecuada en beneficio de todos los ciudadanos, no nos engañemos, sólo se puede hacer desde lo público, la privatización supone siempre un empeoramiento de los servicios.
Privatizar el agua y especular con ella dará lugar a la pérdida del derecho de todos las personas al abastecimiento de agua como bien público. Eliminarán la gratuidad del agua, podrán privarnos del abastecimiento, subir de forma abusiva las tarifas, empeorar la calidad de todos los servicios para aumentar sus beneficios (potabilizadoras, alcantarillado, mantenimiento), y convertirnos en ciudadanos cautivos. La privatización del Canal de Isabel II en un supuesto 49% (no es real ya que supondría más porcentaje si sumamos todas las alcaldías de la Comunidad de Madrid) se ampara en un Convenio de Gestión Integral del Agua del que los ciudadanos no tienen ninguna información.
Sabemos que los interesados en la gestión privada son grandes empresas como las hidroeléctricas y constructoras que no tienen ningún interés en el bien público sino en maximizar sus beneficios con el menor gasto posible. Por este motivo no podemos consentir que la Comunidad de Madrid “regale”, de forma unilateral una empresa pública con una importancia estratégica vital para todos nosotros.
La Plataforma creada para la defensa del Canal de Isabel II como empresa pública ha organizado su lucha en tres frentes: 1) Concienciación de los trabajadores del Canal, 2) Información a Alcaldes y Concejales, 3) Movilización ciudadana. Muchos municipios, de todo signo político, se han negado ya a la privatización del Canal y a la cesión de sus derechos. Otros, que han firmado bajo presión, han comprobado que la cesión de los derechos del agua se basa en el engaño y en trucos contables que suponen unos ingresos irrisorios para las arcas municipales. La defensa de los municipios se ha basado en la presentación de recursos (reposición, revocación, y lesividad) para impedir que se les quite la gestión del agua. En última instancia habría que recurrir al Tribunal Constitucional.
Europa está implicada en la defensa de la gestión pública del agua con la creación de la Red Europea del Agua Pública, en España Red por el Agua Pública (RAP), creada con objeto de hacer frente a los lobbies que quieren privatizar su gestión.
Los principales grupos identificados en el uso del agua son. 1) Los ciudadanos, 2) Los agricultores, 3) Las industrias (hidroeléctricas, constructoras, empresas de bebidas, etc..). Los realmente interesados en el uso público del agua son los ciudadanos y somos mayoría, no podemos permitir que los intereses de los otros grupos puedan quitarnos este derecho tan fundamental (existen empresas que compran tierras con recursos hídricos para especular con ellas y esto es muy peligroso).
Ante esta situación, no podemos permanener impasibles y debemos luchar para impedir que nos roben lo que nos pertenece. El agua es de todos y no debemos consentir que se utilice como mercancía en ninguna circunstancia. Nuestro bienestar y supervivencia dependen de ello. Por este motivo, animamos a todos a votar en el referéndum de este domingo 4 de marzo.
La segunda parte del acto estuvo orientada a exponer a los asistentes (participantes en las distintas mesas de votación que instalará EQUO Madrid), el protocolo de actuación y demás pasos que se seguirán durante la jornada de la consulta.
Nathalie García y Paloma Estellés
Coordinación EQUO Madrid Ciudad Este