Ayuso plantea una desregulación de la actividad urbanística, con la excusa de reactivar la economía

EQUO afirma que el Gobierno de la Comunidad de Madrid rebaja los controles urbanísticos, bajo el pretexto de una hipotética simplificación administrativa.

 

El Partido Verde ha presentado alegaciones a la modificación de la Ley del suelo prevista por la Comunidad de Madrid, por considerar que liga de modo torticero el incremento del paro, con el imprescindible control de la Administración sobre la actividad urbanística, como si ese control, a través de las licencias, fuera el directo responsable de la pérdida de empleo.

Estas son algunas de las consecuencias más negativas de esta modificación. 

  • Generaliza el control a posteriori por la administración, muchos actos ahora sujetos a licencia urbanística pasan a requerir únicamente declaración responsable. Los actos urbanísticos que pudieran no ajustarse a la normativa urbanística, al no tener un control previo, se podrían ejecutar, lo que obligaría a los Ayuntamientos a una actuación posterior de restitución de la legalidad, siempre más onerosa y compleja que el estudio de un proyecto, para el otorgamiento de la licencia. Esto podría aumentar el número de procedimientos judiciales, entre otros es destacable que la primera ocupación, en las viviendas.
  • Rebajan sustancialmente el grado de detalle de una parte de la norma, generando inseguridad jurídica, al no detallar suficientemente cada supuesto y su modo de tramitación.
  • Eliminan una de las figuras que para llevar a término esa simplificación administrativa, que se incluyen en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es la comunicación previa (en la redacción actual de la Ley 9/2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, se denominó “notificación previa”, pero es la misma figura) , para obras menores que no requieren proyecto, como es el caso de las instalaciones solares de autoconsumo, de menos de 10 kW. El impulso que necesita la implantación del autoconsumo se vería facilitado si en esta reforma se hiciera una mención expresa, en esta figura de comunicación previa, al objeto de que todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid unificaran criterios a la hora de tramitar este tipo de pequeñas instalaciones. Esto si es un impulso para la creación de empleo, en un sector emergente, de economía verde, que contribuye a descarbonizar la economía y reduce la emisión de gases de efecto invernadero.
  • Respecto al control ambiental de determinadas actuaciones urbanísticas, que tiene carácter prevalente, le da un giro absurdo, pues plantea que ambos pasos, el control de viabilidad urbanístico y el ambiental sea simultaneo, generando mayor complejidad administrativa y no más simplificación, como se pretende. En el modelo actual, un proyecto se debe someter primero a su idoneidad urbanística, esto es si es compatible con la normativa del PGOU correspondiente, en caso afirmativo, pasar al correspondiente procedimiento ambiental, que es complejo y dependerá del estudio del caso por el órgano ambiental, que debe determinar si es ordinario o simplificado, pero con la pretensión de esta modificación obligarán a todos los proyectos a pasar por el trámite ambiental, sean o no viables urbanísticamente. Al desaparecer el filtro de la viabilidad urbanística, aumentará el volumen de los procedimientos ambientales, por lo que en realidad se estará incrementando la carga administrativa.
  • Crea grave inseguridad jurídica, al contemplar que determinados títulos habilitantes resulten “sobrevenidamente disconforme con las nuevas determinaciones”, consecuencia directa del control ex post que se impone, lo que impide cualquier actuación preventiva.
  • Recorta la autonomía municipal, al pretender que se establezca el silencio positivo, aun cuando no se ajuste al planeamiento urbanístico vigente si el promotor es otra administración  pública, diferentes al Ayuntamiento afectado.
  • Obliga a un esfuerzo considerable a los Ayuntamientos para reformar sus ordenanzas, en un plazo muy corto y sin aportar ningún apoyo técnico, ni recursos para reforzar las plantillas de la administración local.
  • No se ha considerado, en ese afán de creación de empleo uno de los aspectos que requiere el parque de viviendas actual, que es la rehabilitación energética, esto si que es un sector intensivo en mano de obra, del sector de la construcción, que requiere de un plan autonómico de rehabilitación energética, en consonancia con las directivas europeas, que contribuiría a la descarbonización de la economía, a través del ahorro energético.

En resumen, se pretende volver al senda, de infausto recuerdo, de la burbuja inmobiliaria, fomen

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