Preguntamos al Gobierno qué medidas ha adoptado ante la proliferación de pozos ilegales en la Comunidad de Madrid

Entre 2014 y 2018, la Confederación Hidrográfica del Tajo abrió 338 expedientes sancionadores por ilegalidades en pozos en la región

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha abierto 338 expedientes sancionadores entre 2014 y 2018, por ilegalidades en pozos para la captación de aguas subterráneas en la Comunidad de Madrid.

En los territorios que abarca el ámbito de la cuenca del río, (55.645 km2) se han contabilizado 885 casos. La región madrileña es la que más infracciones alberga, en su mayoría relacionadas con la falta de autorización para el alumbramiento de aguas subterráneas (179), incumplimiento de las condiciones otorgadas (158) y la apertura de un pozo e instalación de mecanismos (1).

Ante este elevado número de expedientes y dado el grave impacto ambiental y los riesgos que suponen los pozos ilegales, el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha preguntado al Ejecutivo qué medidas está tomando para corregir los incumplimientos a los que se refieren los 338 informes y evitar que se vuelvan a repetir.

El diputado de EQUO Juantxo López de Uralde ha denunciado “la falta de medios para la identificación y posterior sellado de los pozos ilegales o abandonados, así como un ‘vacío legal’ que impide la implantación de una normativa de seguridad específica para este tipo de casos”, lo que ha favorecido la proliferación de estos pozos”.

Ante esta situación, la formación ecologista exige al Gobierno que explique si está trabajando en una normativa para clausurar los pozos ilegales, garantizar la seguridad en las zonas afectadas y evitar la apertura de nuevos pozos.

 

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