Equo pide explicaciones a la Comunidad ante el relevo del fiscal de Medio Ambiente por supuesto interés político

El fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, ha relevado al fiscal del denominado ‘caso Hoyo de Manzanares’, el actual fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, César Estirado, por proponer citar como investigado al director general del Registro y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo, alto cargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El pasado mes de julio, la fiscalía de Madrid realizó una denuncia en los juzgados de Colmenar Viejo por un presunto delito de prevaricación urbanística que implicaba a 13 personas.

La denuncia fue firmada por José Javier Polo, en lugar de por César Estirado, encargado del caso, el cual se negó a hacerlo porque se oponía a que se exonerara a Francisco Javier Gómez Gálligo y pidió ser relevado al verse incapaz de continuar la instrucción y calificación de la causa en términos “contrarios a su parecer jurídico”. Es llamativo que César Estirado tuviera el apoyo de los fiscales de Medio Ambiente, incluido el fiscal jefe en la materia, Antonio Vercher.

Entre las personas denunciadas se encuentran además el alcalde y presidente del Partido Popular en Hoyo de Manzanares, Ramón Regueiras; seis concejales del Gobierno Local; y otras siete personas, entre ellas la edil de Ciudadanos Elena Talavera y dos representantes de la Universidad Antonio de Nebrija.

La investigación se centra en el intento de segregación de una parcela para unir la A-6 con un nuevo desarrollo urbanístico de 118 viviendas que proyectaba construir la Universidad Antonio de Nebrija.

Ante el supuesto veto de la querella contra un alto cargo de Justicia, el coportavoz de Equo madrid y diputado de Podemos en la Asamblea, Alejandro Sánchez, ha registrado una pregunta al Gobierno del PP sobre su valoración del relevo del fiscal de Medioambiente.

Para Alejandro Sánchez, “es muy preocupante que un fiscal tan importante como el de Medio Ambiente de Madrid, en el que recaen muchos de los procedimientos relativos a la corrupción urbanística que tan frecuentes son en nuestra Comunidad, sea relevado en mitad de una investigación, por criterios puramente políticos. El Ministerio debe cesar de una vez sus injerencias en la labor de los fiscales y la Comunidad de Madrid debería defender el trabajo de los profesionales que intentan defender nuestro territorio de la destrucción ambiental y la especulación urbanística”.

 

 

 

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